Una de las razones para impulsar la psicoterapia como una profesión independiente tiene que ver con la creación de un Colegio Profesional. Al menos en España, la creación de una nueva profesión tiene como consecuencia la de un nuevo colegio profesional, cuyos objetivos, definidos por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, actualizada el 23 de diciembre de 2009 son “la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.”
La misma ley señala que, entre sus funciones está la de “Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.” A ese respecto, deben desarrollar y hacer público los códigos deontológicos adaptados a cada profesión, así como los procedimientos de atención a las quejas que puedan recibir por parte de los usuarios, y los abiertos por infracciones de sus colegiados.
Los psicoterapeutas, al no ser una profesión legalizada en la mayor parte de los países del mundo carecen, por tanto, de un colegio profesional, por lo que los usuarios, y los propios profesionales, deben acudir a los des sus respectivas profesiones de acceso a la psicoterapia, que no siempre presentan códigos deontológicos que puedan aplicarse con claridad a las especificidades del ejercicio de la psicoterapia.
Los psicoterapeutas, conscientes de estas limitaciones causadas por la no definición de su trabajo como una profesión independiente, han tratado de suplir estas carencias a través de sus asociaciones profesionales, con estatutos que recojan, lo más detalladamente posible, los avatares de la profesión, y con el desarrollo y adopción de códigos éticos. Esta asunción de los códigos éticos es voluntaria, al serlo igualmente la pertenencia a una de estas asociaciones. No es preciso hacerlo para ejercer la profesión, aunque ser miembro de una que tenga criterios públicos rigurosos de acreditación de la actividad psicoterapéutica trae consigo una cierta protección jurídica ante su actividad. A cambio, requiere cumplir con los estatutos y los códigos éticos, si los hubiere.
Porque no todas lo han hecho, y resulta una carencia importante. En nuestro ámbito de la terapia familiar no los tienen la Featf ni tampoco Relates. Si lo tiene la Feap y la Asociación Europea de Terapia Familia, EFTA.
Los códigos éticos no deben interferir con las actuaciones judiciales. Su ámbito de actuación es ese espacio gris entre lo que es una mala praxis y un delito. Así, el Código de Efta, se refiere a la necesaria competencia profesional, y a la responsabilidad en diferentes ámbitos: hacia los clientes primero, pero también hacia los colegas, los psicoterapeutas en formación, o la publicidad. Finalmente se refiere a las violaciones del Código de Ética. Merece la pena reproducir este último punto en toda su extensión:
9. VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA
9.1 En los casos en los que un organismo responsable, como su organización nacional de terapia familiar, su organismo profesional o un tribunal, determine que un miembro, ya sea una persona, un instituto o una organización, ha cometido una infracción ética grave, el comité de ética puede proponer a que se les retire su pertenencia a EFTA.
9.2 La junta directiva de la Asociación Europea de Terapia Familiar creará dos comités responsables de aplicar este código de ética. Uno se ocupará de los casos de sospecha de violación del código de ética, mientras que el otro se pronunciará en los casos de apelación.
9.4 El primer comité tendrá derecho a sancionar a cualquier miembro que viole estas reglas iniciando sanciones que aumentan en severidad de la siguiente manera: 1) una advertencia por escrito, 2) suspensión por un período de tiempo fijo de la membresía de EFTA, 3) expulsión de EFTA.
9.5 Antes de tomar cualquier decisión de sancionar a un miembro, el comité está obligado a ponerse en contacto con el miembro para que la persona u organización miembro pueda tomar medidas para defenderse. Si la persona, instituto u organización elige ausentarse de la reunión disciplinaria, el comité puede decidir en contra de ellos en su ausencia.
9.6 El miembro u organización tiene derecho a apelar. Un comité de apelaciones funcionará de acuerdo con las mismas pautas que el comité disciplinario. Este comité estará compuesto por diferentes miembros del comité disciplinario y tendrá a su disposición las mismas tres sanciones que el comité disciplinario, es decir, advertencia, suspensión y expulsión.
Es un procedimiento riguroso y garantista, que exige, como no puede ser de otra manera, que cualquier sanción esté bien fundamentada, con una graduación en su severidad; que se escuche al infractor y que se le de la oportunidad de apelar, siendo atendido este último caso por un comité diferente al que ha establecido la sanción.
Cuando las asociaciones no han desarrollado estos procedimientos, generalmente porque carecen de códigos éticos, sólo pueden utilizar los estatutos como reglamento imperfecto de sanción. Esta falta de adecuación trae consigo una limitación de los derechos de los sancionado, pues raramente van a establecer unos procesos garantistas como los arriba citados. Es por ello, que la aplicación de los estatutos debe ser especialmente rigurosa, sin que quepan atajos o apresuramientos en los dictámenes. Y debe hacerse siempre de una manera serena, sin actuar al calor de los acontecimientos, escuchando a los implicados y permitiendo siempre la apelación. De lo contrario, el perjuicio para los implicados, y de rebote para la propia organización, será muy gravosa.
Roberto Pereira
Bilbao, 12 de julio de 2022
